Núñez Collado confía en capacidad de dialogo en Cumbre

Monseñor Agripino Núñez Collado, Presidente del Consejo Económico, Social e Institucional, defendió el miércoles la vía del diálogo como método para buscar soluciones a los problemas nacionales e hizo un recuento de los resultados positivos de anteriores consultas a diversos sectores de la vida nacional.

“Personalmente, en primer lugar, quiero expresar mi confianza en la capacidad concertadora de los distintos sectores que han acogido la invitación para este encuentro”, expresó Nuñez Collado en un discurso en el acto formal de instalación de la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial.

En el acto, celebrado en el hotel Hilton, de esta capital, Nuñez Collado hizo un extenso recuento histórico de todos los procesos de diálogo que implementados en el país, especialmente a partir de la década de los años 90, asegurando que los acuerdos pactados han sido ejecutados en una mayoritaria proporción.

“Quiero afirmar que la única manera de superar el torbellino de esta crisis sin par, que es nuestra y es mundial, es precisamente poniendo lo mejor de cada sector y de cada persona, al servicio de los intereses de la patria, haciendo abstracción de los intereses grupales o personales”, dijo Nuñez Collado.

A continuación, el texto de su discurso.

 

“Me honra y me satisface dar apertura a esta Cumbre por la Unidad para enfrentar la Crisis Mundial.

Se me pidió que hable sobre la experiencia de diálogos anteriores, señalando sus logros.  Para ello, necesariamente tengo que referirme a los antecedentes.

Antecedentes
La experiencia dominicana, en lo que hemos llamado la cultura del diálogo y la concertación, se inició formalmente en 1985.

A principio de los años 80, como muchos de los presentes recordarán, se presentó una grave crisis social debido, en parte, a las políticas económicas restrictivas, diseñada y aplicada con el propósito de alcanzar la estabilidad financiera.  Como consecuencia de esas medidas, en 1984 la República Dominicana vivió la angustiosa experiencia de una poblada que produjo decenas de muertes.

Ese hecho causó en la sociedad dominicana una especie de trauma.  Los conflictos se acentuaron y el tejido social quedó sumamente debilitado.  El debate político y la discusión pública de los problemas descendieron a niveles preocupantes.

Ante esa situación, en enero de 1985, los Obispos dominicanos hicieron pública una Carta Pastoral en la que reflexionaban y mostraban preocupación, sobre todo, por “el descenso moral y el deterioro creciente de la convivencia nacional”.  Además, invitaban a los distintos sectores a establecer un diálogo que hiciera posible superar la crisis existente.

La Carta Pastoral de los Obispos sirvió de base para que la hoy Pontificia Universidad Madre y Maestra asumiera, con el apoyo de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la tarea de organizar el diálogo social.  Quien les habla hizo los contactos con los distintos sectores, celebrándose en el mes de marzo de ese año, el Primer Encuentro del Diálogo Tripartito, bajo la moderación de la iglesia.

Este encuentro de concertación social, el cual surgió como una esperanza, según expresara el mexicano Néstor de Buen Lozano, contó con la representación, al más alto nivel, del sector productivo: Gobierno, empresarios y trabajadores.

También, se contó con la asesoría experimentada de los destacados iuslaboralistas, doctor Juan Antonio Sagardoy (uno del os abogados que participaron en los Acuerdos del a Moncloa, en Madrid, España); Emilio Morgado Valenzuela, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Néstor de Buen Lozano, de México, y seis de los más connotados iuslaboralistas dominicanos, entre ellos, el doctor Rafael Alburquerque, actual vicepresidente de la República, y el doctor Lupo Hernández Rueda.

En este encuentro, celebrado en Jarabacoa en marzo de 1985, en un primer momento, se puso de manifiesto el recelo y la desconfianza existentes entre los actores participantes, aún entre los pertenecientes a un mismo sector, como sindicatos y empresarios.  Había seis centrales sindicales, todas presentes, pero algunas tenían sus propias crisis internas.  Hoy, vemos con satisfacción que existe un Consejo Nacional de la Unidad Sindical que agrupa a las tres principales organizaciones sindicales.

Al final del encuentro en marzo de 1985, los tres sectores envueltos pidieron la continuación del diálogo con la presencia facilitadora de la Iglesia.  La conferencia del Episcopado Dominicano delegó en su Secretario General, Monseñor Francisco José Arnaíz, y en el Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la representación de la Iglesia.

La segunda etapa de ese Diálogo Tripartito tuvo lugar en el mes de octubre de 1986.

Las principales demandas del movimiento laboral eran, además de un aumento salarial, la consagración de la libertad sindical con al consiguiente inamovilidad de los dirigentes y la solución al problema del desahucio.

Un año y siete meses después, el 26 de mayo de 1988, se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales.

Los principales puntos de ese acuerdo fueron, entre otros: Un aumento  del salario mínimo que entonces era de ciento veinticinco pesos (RD$125.00); la revisión de la Ley 5911 del Impuesto sobre la Renta, para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos; la revisión de los artículos 69 y 78 del Código de Trabajo, y el aumento del monto de la pensión de los jubilados y la ley de seguridad social.

Las crisis sociales del decenio de los años 90
A finales del decenio de los ochenta, la República Dominicana vivió una experiencia desconocida: Un proceso de inflación incontrolado, matizado por un casi total desabastecimiento de los productos de primera necesidad.  El gobierno se encontraba sin posibilidad de acceso a recursos frescos, debido a su  desinterés por buscar un entendimiento con los organismos internacionales.

Se enfrentaba, además, a todas las consecuencias negativas derivadas del déficit en el suministro de energía eléctrica y de combustibles.  Prácticamente, se le habían cerrado todas las fuentes de financiamiento externo.  (Muchos de los presentes quizás tuvieron que hacer largas filas para conseguir combustible).

La situación descrita se tradujo en una agitación social con protestas callejeras, poniendo en riesgo la estabilidad política, mermando la producción, y perjudicando el desempeño de las actividades cotidianas de la nación.

Dos procesos de concertación, con la mediación de la Iglesia, contribuyeron a superar la crisis económica que afectaba al país en ese momento.  Uno fue el “Pacto de Solidaridad Económica”, suscrito el 8 de agosto de 1990 y, el otro, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República y los representantes de los sectores laborales organizados y de agrupaciones comunitarias”, el 8 de septiembre del mismo año.  Para entonces habían surgido los grupos populares, las organizaciones barriales y los comités de amas de casa que reclamaban participación.

“Pacto de Solidaridad Económica”
En el año 1990, además de realizarse un proceso electoral que originó sus propias crisis, el país vivió tensiones sociales que requirieron el esfuerzo de muchos sectores para conjurar la amenaza de una peligrosa inestabilidad de imprevisibles consecuencias.

Se requería la búsqueda de soluciones radicales en las áreas de las finanzas públicas y del sistema monetario, así como también “el sacrificio y el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la vida nacional”.

En ese momento, la participación de los actores sociales incluía a las organizaciones populares, como señalé antes.  A pesar de la gravedad de la crisis, el diálogo pudo realizarse y se llegó a los acuerdos básicos que recogió el Pacto de Solidaridad Económica.

El Gobierno hizo sus compromisos en lo relativo a la política financiera y monetaria, y los empresarios aceptaron contribuir a reducir la inflación y mejorar los niveles salariales.

Por su parte, las organizaciones laborales, de profesionales, de servicios y comunitarias, se comprometieron a contribuir en forma efectiva a la armonía obrero-patronal, a mantener sus servicios, a incrementar la productividad, a defender el orden público y a propiciar la paz social.

“Acuerdo entre el Gobierno y los representantes de los sectores laborales organizados y de las agrupaciones comunitarias”

Un mes después del “Pacto de Solidaridad Económica”, se firmó en el Palacio Nacional un nuevo acuerdo entre el gobierno, sindicalistas y agrupaciones comunitarias que habían convocado a una huelga general por tiempo indefinido.  Es interesante recordar el párrafo que sirve de preámbulo a los veinte puntos de ese acuerdo:

“Inspirados en el espíritu de concertación nacional que prevalece en el país en procura de la justicia y de la paz sociales, el gobierno de la República y los representantes de los sectores laborales organizados y de agrupaciones comunitarias, han arribado al presente acuerdo destinado a consagrar iniciativas conducentes a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de amplios sectores de medianos y de bajos ingresos”.

En ese acuerdo se incluyó una serie de medidas de tipo salarial, de legislación laboral y de protección al consumidor, entre otras.  El punto número cinco del acuerdo consigna que:

“El Poder Ejecutivo apoyará las iniciativas del sector sindical encaminadas a modificar, entre otras disposiciones, los artículos 69 y 78 del código laboral y de otras leyes relativas a la materia laboral, luego de realizados los estudios correspondientes”.

Otra conquista importante de los trabajadores, en ese momento, fue la liberación del Impuesto sobre la Renta a los salarios hasta tres mil (RD$3,000.00) pesos.

Este hecho benefició a más del ochenta por ciento (80%) del sector asalariado, incluidos los Secretarios de Estado, cuyo salario era de RD$3,000.00.  (Anécdota: conversación con el doctor Joaquín Balaguer).

En cuanto al compromiso de reformar algunos artículos del Código de Trabajo, el Presidente Balaguer, con frecuencia acusado de incumplir los acuerdos, fue más allá de las peticiones de los sindicalistas, y nombró una comisión integrada por tres destacados juristas para que revisaran todo el Código.

Esta comisión estuvo integrada por el entonces Secretario de Trabajo, doctor Rafael Alburquerque, y los doctores Lupo Hernández Rueda y Milton Ray Guevara.  El Proyecto de Código preparado por esos distinguidos juristas, fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional como Proyecto de Ley.

La negociación en torno al Código de Trabajo se hizo más compleja en 1991, cuando se presentaron en el Congreso Nacional otros dos Proyectos de Código distintos al que había enviado el Poder Ejecutivo:  uno, preparado por los empresarios, y otro por la Cámara de Diputados, de la cual eran miembros varios importantes dirigentes sindicales.  El proyecto presentado por el sector sindical había sido aprobado en primera lectura.

Los dirigentes de los tres partidos políticos mayoritarios, a petición de la dirigencia empresarial y de los sindicalistas, acordaron que el Código se discutiera en la PUCMM con la mediación de los representantes de la Iglesia.

Luego de intensas jornadas diurnas y nocturnas, empresarios, sindicalistas y representantes del Gobiernos llegaron a acuerdos sobre los 738 artículos del nuevo Código.  En el ámbito del diálogo, ese largo y difícil camino de la concertación en torno al nuevo Código de Trabajo, culminó en junio de 1992, cuando fue promulgado en el Palacio Nacional por el Presidente Joaquín Balaguer, en presencia de los sectores participantes en el diálogo.

Esa fue la más importante conquista de la incipiente cultura del diálogo, en beneficio de la paz social y del sector de los trabajadores.  Después de la puesta en vigencia del nuevo Código de Trabajo, no se ha registrado una sola huelga en el sector productivo del país.

Es evidente que a través de los medios se perciben las voces de sectores que sólo se refieren a los incumplimientos de los acuerdos.  Como una reivindicación al doctor Joaquín Balaguer, quisiera señalar que en el Pacto firmado el 8 de septiembre de 1990 se consignó, como indiqué antes, la reforma de algunos artículos del Código; no obstante, el Presidente Balaguer dispuso la reforma completa del Código Trujillo de Trabajo.

En el orden político, a partir de 1978, cada proceso electoral generó su propia crisis. La peor fue la de 1994, cuando el país estuvo a punto de caer en un vacío institucional.

Esto no ocurrió, por la conciencia que existía en los dirigentes políticos de la necesidad del diálogo y del acuerdo como la manera no solo de preservar la paz, sino también, de fortalecer la democracia con miras al desarrollo nacional.

Dos semanas antes de las elecciones del año 1994, había un clima tenso de confrontación entre las dos principales fuerzas políticas de ese momento, el Partido Reformista Social Cristino (PRSC) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En la cúpula de ambos partidos cundía la preocupación y el temor de que el mismo día de las elecciones se generara un conflicto, incluso armado, pues ambos partidos se sentían previamente en condiciones de ganar las elecciones. Sobre todo, que el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Joaquín Balaguer, contaba con el respaldo de las instituciones armadas, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como el principal partido de oposición tenia simpatizantes en las instituciones castrenses y una parte de su militancia poseía armas de fuego.

El doctor José Francisco Peña Gómez, quien para algunos era una especie de agitador de las masas en las que tenía gran arraigo, gracias a su liderazgo y a sus condiciones de brillante orador, era un gran visionario y un hombre de paz, que quería lo mejor para este país.

Diría que el Peña Gómez de la Tribuna no era el mismo hombre sereno y reflexivo que me visitaba con frecuencia para compartir inquietudes de interés nacional.

En la primera semana de mayo, me planteó lo siguiente: -Hay que buscar la manera de firmar un pacto de civilidad. Mi gente esta armada y la del doctor Balaguer también. Debemos encontrar la forma de evitar a este país lo peor que puede ocurrir el día de las elecciones.

Providencialmente, el fin de semana siguiente, el candidato del Partido Reformista Social Cristiano, el Presidente Balaguer, tenía campaña en la ciudad de Santiago. El sábado por la mañana, el señor Guaroa Liranzo me visitó en la residencia del campus de la Madre y Maestra en Santiago y me planteó inquietudes similares a las que tenía el doctor Peña Gómez.

Cuando el referí la conversación sostenida esa misma semana y la sugerencia del doctor Peña Gómez de que se firmara un pacto de civilidad, don Guaroa Liranzo, quien estaba acompañado del señor Angel Lockward, me dijo con entusiasmo: Hablaré con el Presidente Balaguer para que usted lo visite hoy mismo.

Efectivamente, en horas de la tarde conversé con el Presidente Balaguer. Cuando le manifesté la propuesta del doctor Peña Gómez, su reacción fue muy receptiva y me dijo: “Dígale que prepare el borrador”.

En los primeros días de la semana siguiente, el doctor Peña Gómez me presentó el borrador, al cual, el doctor Balaguer sólo le hizo observaciones de forma, no de fondo. El día 10 de mayo de 1994, en el Recinto Santo Tomás de Aquino, los candidatos presidenciales, doctor Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), doctor José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), licenciado Jacobo Majluta Azar, del Partido Revolucionario Independiente (PRI), el doctor Rafael Alburquerque del Partido del Pueblo, y el licenciado Antonio Reynoso del Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA).

En presencia de los integrantes de la Junta Central Electoral de ese año, que la presidía el doctor Manuel García Lizardo y con una amplia representación del sector empresarial, sindical y sectores sociales, firmaron el Pacto de Civilidad que , entre otras cosas, señalaba que los  “signatarios se comprometen a instruir a sus militancias para que no se produzca ninguna celebración anticipada de la victoria antes de que se hagan públicos los avisos oficiales de resultados de la Junta Central Electoral”.

De común acuerdo designaron una comisión de seguimiento integrada por los doctores Manuel Ramón Ruíz Tejada, Germán Emilio Ornes C., Manuel Bergés Chupani, don Rafael Herrera C. y, como representantes de la Iglesia, Monseñor Francisco José Arnaiz y quien les habla.

Y para los que dicen que los políticos no cumplen los compromisos, debo señalar que si no hubiera habido ese Pacto de Civilidad, tampoco hubiéramos alcanzado el Pacto por la Democracia en agosto de ese ano.  El 16 de mayo, a las 8:00 de la mañana, me llamó doña Peggy de Peña Gómez para decirme, a nombre del candidato presidencial del PRD, que en varios lugares la gente del PRD estaba impedida de votar porque no aparecían en el padrón electoral. En el transcurso del día se produjeron varios incidentes en distintos puntos del país.

A las 6:00 de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales, el doctor José Francisco Peña Gómez, en lugar de invitar a su gente a las protestas callejeras como querían algunos de sus seguidores, se presentó, acompañado de sus más cercanos colaboradores, al Recinto Santo Tomas de Aquino, donde estábamos reunidos los integrantes de la comisión de seguimiento. Allí nos planteó de manera firme sus quejas y protestas porque, según afirmaba, había sido victima de un fraude colosal.

A partir de ahí, la comisión de seguimiento, durante poco más de dos meses, estuvo recibiendo quejas y documentos de ambos partidos, el Reformista Social Cristiano y el Revolucionario Dominicano. Y como es de público conocimiento, la situación de incertidumbre y la preocupación general de que el país pudiera caer en un vacío institucional, fue superada por el acuerdo de los tres partidos políticos mayoritarios: PRSC, PRD y PLD.

Ese acuerdo lo posibilitó el encuentro en la Biblioteca Nacional, el 10 de agosto de 1994, de los doctores José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, teniendo como testigos al Embajador John Graham, cabeza de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos y a quien les habla.

El Pacto por la Democracia implicó una reforma constitucional acelerada para oficializar, constitucionalmente, los acuerdos principales a los que llegó el liderazgo político.

Si bien ese acuerdo dejó quejas en parte de los seguidores de ambos partidos, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, que dió origen a la independencia del Poder Judicial, fue, sin duda, uno de los logros mas importantes del Pacto por la Democracia.

En dicho pacto se consignó, también, que se conformaría una nueva Junta Central Electoral para la realización de las próximas elecciones.

En vocero del Partido Revolucionario Dominicano en el Senado, ingeniero Ramón Alburquerque, me solicitó que integrara una comisión que ayudara a los Senadores a ponerse de acuerdo en la integración de la nueva Junta Central Electoral. Atendiendo a tal solicitud, se creó una comisión que luego de varios encuentros con representantes de los tres partidos mayoritarios, logró por consenso del liderazgo político conformar la Junta Central Electoral presidida por el doctor César Estrella Sadhalá. Recordemos que las elecciones de 1996 culminaron sin ningún tipo de cuestionamientos.

La actual composición de la Junta Central Electoral y su división en dos cámaras es fruto de los acuerdos de los partidos políticos para superar la crisis que se había generado en torno a ese importante organismo electoral.

Gracias a la actitud y a la disposición de parte de la dirigencia política, de sentarse a la mesa del diálogo siempre que fue necesario, el país ha evitado la ruptura del tejido social e institucional, aún en situaciones en que parecía que nos abocábamos a lo peor.

En otras palabras, incluso en los momentos más difíciles, los partidos políticos han aceptado el diálogo como la vía para resolver los conflictos y han sabido reconsiderar posiciones que parecían inflexibles  para buscar el bien común.

Quiero enfatizar  y repetir lo que he dicho tantas veces: “La paz sociopolítica de que disfruta el país se debe, precisamente, a que el liderazgo nacional ha tenido la capacidad y la conciencia de que la búsqueda del consenso para el acuerdo es preferible a la confrontación”.

Quisiera señalar que el diálogo y la concentración no deben limitarse a situaciones de crisis de conflictos, pues, su objetivo último es la búsqueda del bien común y el logro del desarrollo con equidad social.

La concertación social es, en la sociedad moderna, el instrumento más rápido para enfrentar las situaciones de crisis permanentes. En la concentración se reconoce que ningún sector social, por sí solo, puede resolver los problemas o evitar la ruptura del tejido social. Este es el procedimiento indicado para identificar y determinar políticas y estrategias, en un esfuerzo mancomunado de los actores representativos de la sociedad, en la búsqueda de consejos mínimos que permitan superar los conflictos.

Resulta imposible señalar en el marco de una exposición como ésta, todos los logros obtenidos mediante el diálogo. Sin embargo, cabe mencionar la Declaración de Compromiso del Presidente de la República Dominicana, ingeniero Hipólito Mejía, y el presidente electo, doctor Leonel Fernández Reyna, para la Reforma Tributaria firmada el 22 de junio de 2004, con la presencia de todos los sectores sociales, del cuerpo diplomático y de don Felipe González, ex-presidente del gobierno español.

El entonces presidente Mejía y el Presidente electo Fernández solicitaron al coordinador del Diálogo Nacional, gestionar la conformación de una comisión mixta de técnicos del gobierno y técnicos del Presidente electo, con el propósito de evaluar la situación de la economía nacional y de elaborar una propuesta de Reforma Fiscal, exigencia del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis económica imperante.

Como resultado de las discusiones, con la participación de técnicos de ambas Cámaras Legislativas designados por sus respectivos presidentes, el 28 de septiembre de 2004 fue promulgada la Ley No. 288-04 sobre Reforma Tributaria. Esta modificó aspectos tales como los del anticipo, impuesto sobre la renta, a la  propiedad  inmobiliaria, infracciones y multas, entre otros.

Cabe señalar que en ese momento el PRD tenía la mayoría congresional, pero el liderazgo político de ese partido honró el compromiso que había contraído el presidente Mejía.

Todos lo dominicanos conocemos la situación de dificultades en que se encontraba la economía dominicana en esos momentos, en parte, como consecuencia de la quiebra de varios bancos y otras instituciones financieras.

Como actor y testigo de muchas situaciones socio-políticas difíciles, puedo señalar que el diálogo y la concertación para la búsqueda de consensos prendieron en los distintos sectores, incluidos los actores políticos, quienes en crisis como las post electorales de los años 1990 y 1994, tuvieron la suficiente apertura y generosidad, para sacrificar posiciones personales de sus organizaciones, en aras de preservar la paz y la convivencia social.
En el año 1992, el Banco Central estaba listo para enviar al Congreso Nacional un proyecto de Ley para modificar el Código Monetario Financiero.

Por primera vez se incluían las llamadas normas prudenciales. Este hecho suscitó gran preocupación al más alto nivel de la Banca Nacional. Los principales dueños de bancos se acercaron a quien les habla para solicitarle que le sirviera de intermediario con el Doctor Balaguer, entregándole una carta en la  que solicitaban que el envío al Congreso de la modificación del anteproyecto de ley que modificaba el Código Monetario Financiero de aplazara, para que se les diera tiempo de buscar asesores, pues las normas prudenciales eran una novedad para la banca dominicana.

Cuando le llevé la carta al Doctor Balaguer y le informé el propósito de los banqueros de buscar asesores de países que tenían experiencia en este tipo de reforma, la respuesta fue la siguiente: “Si nos ha ido tan bien con el Diálogo y la Concertación, por qué hay que tener prisa. Dígales que busquen los asesores y cuando tengan propuestas, se buscará consenso en torno a las mismas”.

En el año 2003, algunos partidos políticos y sectores sociales demandaban con insistencia al Gobierno del presidente Mejía que se abriera al diálogo para buscar solución a la preocupante crisis económica de ese año. El presidente Mejía mediante declaración pública, el 15 de octubre señalaba: “He solicitado, y él ha aceptado de buena voluntad, a Monseñor Agripino Núñez Collado, su colaboración para que dé los pasos necesarios a fin de determinar la Agenda con los temas prioritarios que servirán de referencia a esta iniciativa”.

Declaración de Compromiso
Con la puesta en marcha de la iniciativa de diálogo, el 8 de septiembre de 2003, en el Recinto Santo Tomás de Aquino, se firmó la Declaración de compromiso como una proclamación de fe en el sistema democrático y como “la vía más idónea para el desarrollo político, económico y social anhelado por el país”.

Esta declaración de compromisos incluyó una serie de consideraciones relativas a la demostración de apego a la democracia que durante tres décadas había tenido el país, mantenido la fe en el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido a través del voto popular”.

La creciente insatisfacción de la ciudadanía por el funcionamiento de las instituciones políticas, según aparecía en diferentes encuestas de opinión, se veía como un serio problema para  la consolidación de la democracia en la República Dominicana.  Un aspecto que incidía también en ese problema era la débil cultura democrática, que distorsionaba el funcionamiento de las instituciones y la aplicación efectiva de las normas que les regían.

Se puso en manifiesto, también, un fenómeno crítico: el de la corrupción y su impunidad. La recurrencia de casos en esta materia vulneraba la ética, erosionaba el Estado de Derecho y aumentaba la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y privadas.

Se señalaba en esa Declaración que el entorno mundial y nacional exigían la adopción de políticas económicas que posibilitaran la estabilidad macroeconómica, fortalecieran las condiciones de competitividad y recuperaran el ritmo de crecimiento de la economía.

El contenido de esa Declaración constituye un importante documento en el que se toca lo político, lo institucional, lo electoral, lo económico y lo social. Y fruto de ese acuerdo han sido los años de crecimiento y estabilidad macroeconómica que ha tenido el país.

Esa Declaración de compromiso fue firmada por el entonces Presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, y por los presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios, doctor Leonel Fernández Reyna del Partido de la Liberación Dominicana y el licenciado Eduardo Estrella, en representación del Presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Firmaron, además, la Lic. Elena Viyella de Paliza, Presidenta del Concejo Nacional de Empresa Privada (CONEP), el Lic. Rufino Álvarez, Presidente del Concejo Nacional de la Unidad Sindical, y como testigos: Monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Francisco José Arnáiz y quien les habla.

Consejo Dominicano Social e Institucional (CESI)
El 25 de marzo de 2005, mediante Decreto No. 13-05, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, creó el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI).

El artículo 3 del Decreto mencionado señala lo siguiente: “Se reconoce el Diálogo Nacional como instancia válida de concertación y articulación de esfuerzos, conformados por los diferentes sectores de la sociedad civil, el Gobierno y los Partidos Políticos. El Consejo Económico, Social e Institucional procurará complementar y fortalecer el Diálogo Nacional”.

En el año 2006 se comienzan a sentar las bases institucionales del CESI, con el objetivo de “proporcionar la creación de espacios y fórmulas de entendimiento entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, en procura de impulsar las reformas necesarias para organizar el desarrollo sostenido y la equidad social”.

En este año, el Presidente de la República tuvo como una de las prioridades de su  gobierno, la implementación del Seguro de la Salud.

Ley de Seguridad Social 
El tema de la seguridad social fue objeto de discusión y análisis durante varios años, desde el primer encuentro del diálogo tripartito en que los trabajadores plantearon la necesidad de contar con una ley de seguridad social, hasta que en mayo de 2001 se promulga la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social  y establece una serie de instituciones que deberían ser partícipes en la implementación del sistema del que forman parte.

La ley empezó a aplicar en cuanto al plan de Pensiones, desde mayo de 2003. Uno de los aspectos  más importantes, la puesta en vigencia del Seguro Familiar de Salud, se encontraba estancado y daba la impresión de que en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social, los actores no lograrían ponerse de acuerdo.

Es entonces cuando por iniciativa del señor  Presidente de la República  se realizan reuniones en el Palacio Nacional, con los distintos sectores, por separado, para escuchar sus puntos de vista.

A principio del año 2006, el Presidente de la República, había anunciado la convocatoria a una Cumbre, con la esperanza de que en la misma se dilucidaran las dificultades que impedían la entreda en vigencia del Seguro Familiar de Salud.

Previo a esta convocatoria, durante los meses de febrero y marzo del año 2006, fueron celebradas en el Palacio Nacional y precedidas por el doctor Fernández, una serie de reuniones con los diferentes representantes de los sectores integrantes del Sistema de Seguridad Social, con la finalidad de identificar los problemas y la forma de resolverlos. En esas reuniones participaron, además, el Vicepresidente de la República y quien les habla.

El 19 de abril de 2006 se celebró en el Recinto Santo Tomás de Aquino La Cumbre anunciada por el Presidente de la República, desde principios del año, presidida por él y con la participación del Vicepresidente, de quien les habla y de todos los actores del Sistema de Seguridad Social, empresarios, sindicatos y otros sectores contemplados en la Ley.

Cada sector tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista sobre la implementación del Seguro Familiar de Salud en el Régimen Contributivo.  Luego de nueve horas de trabajo, se crearon tres comisiones para tratar los asuntos de: desafiliación y de reingeniería del IDSS, equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social,  y el costo del plan básico de salud dentro del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo.

Estas comisiones, bajo el seguimiento del CESI, asumieron con gran sentido de responsabilidad la encomienda asignada. Esto hizo posible que el 19 de diciembre  de 2006, con la presencia del Excelentísimo señor Presidente de la República y todos los actores del Sistema de Seguridad Social, en el Recinto Santo Tomás de Aquino, se firmara el Acuerdo para el inicio del Seguro de Salud del Régimen Contributivo.

Por consenso de las partes, el Seguro Familiar de Salud empezó a aplicarse en septiembre de 2007. Aunque todavía existen algunas dificultades, entendemos que ésta es una de las grandes conquistas de los trabajadores, de la que se benefician también los sectores más empobrecidos   de la sociedad a través del régimen subsidiado contemplado en la Ley.

Esta Cumbre, a la que nos convoca el Excelentísimo señor Presidente de la República para buscar vías de solución a corto plazo a la crisis económica y explorar las vías de un acuerdo de nación a largo plazo, se inicia con muchas interrogantes. En público y en privado se expresan dudas sobre la capacidad de los actores para lograr acuerdos realistas en tornos a los problemas generados  por la crisis, y si esos acuerdos se cumplirán.

Personalmente en primer lugar, quiero expresar mi confianza en la capacidad concertadora de los distintos sectores que han acogido la invitación a este encuentro.

En segundo lugar, quiero afirmar que la única manera de superar el torbellino de esta crisis sin par, que es nuestra y es mundial, es precisamente poniendo lo mejor de cada sector y de cada persona, a  servicio de los intereses de la patria, haciendo abstracción de los intereses grupales y personales.

La comisión organizadora ha contemplado que al finalizar los trabajos se nombre una comisión para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Siempre que ha habido comisiones de seguimiento, aún en las situaciones más difíciles de carácter político, los acuerdos se han cumplido. Probablemente la sensación de frustración existente en muchos sectores en relación con los planteamientos del Diálogo Nacional celebrado en los años 1997- 1998, a mí  entender, se debe a que no se estableció un mecanismo de seguimiento. En aquella ocasión se creó una controversial Casa de Diálogo y con el cierre de la misma quedaron en el vacío los asuntos consensuados en ese hermoso ejercicio de diálogo que se hizo en toda la geografía  nacional, con la participación de todos los sectores.

A pesar del incumplimiento de algunos acuerdos del pasado, tenemos que pensar en la responsabilidad que nos crea a todos los ciudadanos de este país la actual situación nacional y mundial.  Los participantes en este encuentro y las instituciones que forman el Consejo Económico Social e institucional pueden constituir un instrumento adecuado para que en las circunstancias actuales el país pueda reencontrarse en esta hora de dificultades. Asimismo, continuar fortaleciendo la cultura del diálogo y la concertación como medio idóneo no solo para resolver los conflictos y los problemas a corto plazo sino, también, para tener una visión–país en el contexto de tantos e insospechados problemas como los que nos afectan.

Si el país no se hubiera abierto al diálogo a raíz de la crisis socio político y económico de los años 80, no sabemos dónde estaríamos.

Aunque sea de manera reiterativa, quiero afirmar que los problemas no se resuelven con la confrontación y la agudización de los conflictos. Creo en la capacidad y en la buena voluntad de los dominicanos para tener presente en estos momentos cruciales que los hombres pasan, pero la República Dominicana permanecerá incólume, porque es inmortal.

Pongamos lo mejor  de cada uno el servicio de esa realidad que es la Patria, convencidos de que con nuestro trabajo y la ayuda de Dios, sentaremos las bases que auguren un mejor porvenir para los hijos de esta Patria de Duarte.